Diario La Arena. El Senado y la Cámara
de Diputados de la Provincia de San Luis, en una polémica
sesión, declaró de utilidad pública
y sujeto a expropiación los derechos que antes
había cedido a la Nación para la creación
del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y acto
seguido le “cedió” las tierras
al pueblo Huarpe.
“La medida dispuesta por la legislatura puntana
carece de seriedad legal, habida cuenta que resulta
inadmisible que una provincia pretenda expropiar al
Estado Nacional”, dice Obdulio Menghi,
presidente de la Fundación Biodiversidad (Buenos
Aires). “Sin embargo, el debate que inaugura
es extremadamente peligroso porque plantea una falsa
dicotomía entre la conservación de la
naturaleza que garantiza la Administración
de Parques Nacionales y las necesidades de los pueblos
originarios”.
La medida dispuesta por el gobierno de Rodríguez
Saa estaría vinculada a un conflicto político
y económico originado por una supuesta deuda
que el Gobierno Nacional tiene con la provincia cuyana.
La medida sancionada por la legislatura de San Luis,
autoriza por otra parte al Poder Ejecutivo “a
compensar el crédito que pudiera resultar a
favor del Estado Nacional (con dicha expropiación)
con las deudas que mantiene el Estado Nacional con
la provincia de San Luis”.
El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se remonta
al año 1999, cuando por iniciativa del Gobierno
de San Luis (de la actual administración) se
firma un convenio con la Administración de
Parques Nacionales para su creación. Las
75.000 ha que conforman su área núcleo
fueron expropiadas al sector privado por parte de
la provincia con fondos aportados íntegramente
por el Estado Nacional. La cesión de jurisdicción
fue formalmente aceptada por la Nación hace
ya cuatro años, a pesar de que la provincia
todavía debe las escrituras traslativas de
dominio.
El 28 de julio, los diputados y senadores de San Luis
expropiaron “los derechos cedidos al Estado
Nacional” y lo restituyeron “a sus ancestrales
y originarios pobladores, el Pueblo Nación
Huarpe de San Luis, para la preservación y
manejo sustentable de dicha región”.
Según opinan los ambientalistas, se presenta
una falsa opción y se manipula un tema sensible,
como el de los pueblos originarios, cuando el problema
es una diputa entre el gobierno de la provincia con
la nación.
La Fundación Vida Silvestre Argentina
también se opone a la medida y señala
que se genera una innecesaria confrontación
entre dos derechos constitucionales: la conservación
efectiva de nuestros recursos naturales y los derechos
de los pueblos originarios. "Un derecho no puede
ni debe menoscabar al otro, y el Parque Nacional Sierra
de las Quijadas, hoy patrimonio de todos los argentinos,
no puede ser desafectado porque ello compromete el
derecho de nuestra sociedad a gozar de un ambiente
sano y saludable", dice Diego Moreno,
director general de la Fundación.
"Es necesario encontrar soluciones rápidas
y consensuadas a esta difícil situación,
poniendo por sobre todos los intereses, la conservación
del patrimonio natural y cultural de todos los argentinos,
así como los derechos de los pueblos originarios.
Por eso, hacemos un llamado de atención sobre
la situación, invitando a que los temas políticos
y económicos se resuelvan por las vías
administrativas correspondientes", advirtió
Moreno.
Por su parte, el prestigioso Comité Argentino
de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) y las organizaciones que lo conforman, expresó
su preocupación y señalaron que “una
ley provincial, no puede tener mayor jerarquía
que la Ley de creación del Parque Nacional,
donde los representantes de todos los Argentinos acordaron
la conveniencia de proteger a perpetuidad, los recursos
naturales y culturales del área cubierta por
Sierra de las Quijadas”.
Andrés Bosso, director ejecutivo
de Aves Argentinas, sostuvo por su
parte que “una visión tan mercantilista
del valor de las áreas protegidas, se contradice
completamente con el espíritu de conservación
de la naturaleza como una causa mundial”, haciendo
referencia a las declaraciones provinciales que sugieren
que el posible valor de estas tierras sea una moneda
de cambio en las negociaciones que San Luis tiene
contra el Estado Nacional y que datan de la época
del corralito.
“Pretender expropiar Sierra de las Quijadas,
violando el Derecho, por la controversia que la Provincia
de San Luis mantiene con la Nación por cuestiones
financieras es inadmisible y es de esperar que las
más altas instancias judiciales del país
corrijan este despropósito”, dijo Menghi.
(Inicio)
Pablo
D’Atri (Diario
La Arena, Santa Rosa, La Pampa)
